ESPACIOSANIDAD.-. – El Defensor del Pueblo presentó el “Diagnóstico Integral sobre Desapariciones No Voluntarias en República Dominicana”, una investigación que analiza esta problemática desde una perspectiva multidimensional y plantea la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado, la coordinación interinstitucional y los mecanismos de protección y acompañamiento a las familias de personas desaparecidas.
La presentación se realizó en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con la participación de autoridades académicas, representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, familiares de personas desaparecidas, investigadores, docentes y estudiantes. Durante el acto, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que la desaparición de una persona trasciende el ámbito administrativo y compromete derechos fundamentales como la vida, la libertad, la seguridad personal y la integridad física, psíquica y moral.
El diagnóstico fue elaborado mediante una metodología que combinó revisión documental, análisis comparado de legislación, entrevistas, grupos focales y una encuesta aplicada a 74 familiares de personas desaparecidas. Entre sus hallazgos identifica dificultades para denunciar y dar seguimiento a los casos, impactos económicos, sociales y emocionales que pueden prolongarse durante años, insuficiencias en el acompañamiento a las familias y desafíos en la coordinación entre las instituciones.
Ulloa resaltó que la carga de la búsqueda recae con especial intensidad sobre las mujeres, principalmente madres, esposas, hermanas e hijas, quienes mantienen activa la búsqueda, movilizan a sus comunidades, recurren a los medios de comunicación y dan seguimiento a las autoridades. “Detrás de cada registro existe una vida; detrás de cada expediente, una familia; y detrás de cada demora institucional, una angustia que se prolonga”, expresó.
Una problemática que requiere una respuesta integral
El Defensor del Pueblo sostuvo que las desapariciones no voluntarias no pueden abordarse exclusivamente como un asunto policial, debido a que involucran ámbitos como derechos fundamentales, salud mental, protección social, investigación criminal, gestión forense, acceso a la información, justicia y responsabilidad pública. En ese sentido, señaló que la protección efectiva de los derechos exige desarrollar capacidades, coordinar instituciones y ofrecer respuestas oportunas, sostenidas y verificables.