ESPACIOSANIDAD.— La organización ambiental Centinelas del Este ha hecho una precisión fundamental frente a la preocupación generada por el establecimiento de un proyecto de producción de arroz en las proximidades del río Comate: no se opone a la producción agrícola ni a los productores de arroz. Su reclamo es otro: que ninguna actividad económica, por importante que sea, se desarrolle a costa de comprometer uno de los principales recursos hídricos, ambientales y recreativos de Bayaguana.
La aclaración resulta pertinente. El país necesita producir arroz, pero Bayaguana también necesita agua. Ambas necesidades no tienen por qué ser incompatibles si las autoridades cumplen su responsabilidad de determinar, mediante estudios técnicos y ambientales rigurosos, si un proyecto de esa magnitud puede operar en ese lugar, bajo qué condiciones y con qué garantías.
La preocupación surge por la ubicación del proyecto agrícola y por la extracción de agua del río Comate, aguas arriba del conocido balneario del mismo nombre. Centinelas del Este denunció recientemente haber localizado durante un recorrido una bomba de gran tamaño conectada a tuberías que, según informaciones recogidas por la organización en el lugar, conducirían agua hacia terrenos destinados a la producción de arroz en el paraje La Lometa, próximo a Santa Cruz.
La propia organización ha sido cuidadosa al advertir que sus observaciones no constituyen una determinación oficial sobre la legalidad de las operaciones ni permiten establecer por sí solas las causas de las alteraciones denunciadas en el río. Precisamente por eso reclama la intervención de las instituciones competentes.
Y ahí está el punto central.
No corresponde a una organización comunitaria ni a los residentes determinar científicamente cuánto caudal puede extraerse del Comate sin afectar su equilibrio. Tampoco pueden establecer por simple observación si los fertilizantes, herbicidas, pesticidas u otras sustancias utilizadas en la producción agrícola representan un riesgo para sus aguas.
Eso corresponde a las autoridades.
Medio Ambiente, el INDRHI y las demás instituciones con competencia deben establecer si existen los permisos correspondientes; qué volumen de agua está autorizado a extraerse; cuál es el caudal actual del río y cuál es su capacidad para soportar esa extracción, particularmente en períodos de sequía; qué manejo se dará a los agroquímicos y qué mecanismos impedirán que la escorrentía agrícola llegue al cauce.