FUENTE: BBC
Los retos judiciales para el expresidente de Bolivia, Evo Morales, no dejan de aumentar.
El miércoles la Fiscalía Departamental de Santa Cruz dictó una orden de captura contra el exmandatario por presuntamente alentar la reciente ola de protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron al país andino por más de 50 días.
No es la primera vez que la justicia boliviana ordena la aprehensión de Morales. El exgobernante izquierdista, que estuvo al frente del país entre 2006 y 2019, ha rechazado las acusaciones y denuncia que son parte de una «persecución política» impulsada por el actual gobierno del derechista Rodrigo Paz.
«Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción», escribió el expresidente, de 66 años, en su cuenta de X (antiguo Twitter).
«No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo», advirtió.
Por su parte, el gobierno de Paz refutó los señalamientos de Morales.
«No es el gobierno el que emite la orden de aprehensión, es la justicia», declaró José Luis Gálvez, vocero del presidente Paz, al diario boliviano El Deber.
Los señalamientos
La Fiscalía boliviana señala a Morales por la presunta comisión de seis delitos: alzamiento armado contra la seguridad y la soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.