ESPACIOSANIDAD.- Jueces del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron garantías económicas, como medida de coerción, a propietarios y representantes de armerías arrestados durante la Operación Armum ejecutada por el Ministerio Público por comercializar armas de fuego y pertrechos de manera ilícita.
Contra Braulio Veras Rodríguez fue impuesta una garantía económica ascendente a la suma de cuatro millones de pesos (RD$4,000,000.00), y a Henry Leónidas Tejeda Peralta por un monto de tres millones quinientos mil pesos (RD$3,500,000.00), en tanto que, a Alexis Díaz Rodríguez, de tres millones de pesos (RD$3,000,000.00), todas por contrato de fianza a través de una compañía aseguradora.
También, fueron impuestas garantías económicas de dos millones de pesos (RD$2,000,000.00) a Manuel de los Santos Acevedo y a Jonathan Méndez Decena. Mientras que Wilmer Brahian Florentino o Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán presentar garantías por un monto de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), igualmente, bajo la misma modalidad.
A todos los imputados les fueron impuestas medidas de coerción, así como impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y presentación periódica ante el Ministerio Público a cargo de la investigación.
La Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, que encabeza la procuradora adjunta Sourelly Jáquez; la Procuraduría Especializada contra el Tráfico de Armas y la Fiscalía del Distrito Nacional procesaron cargos contra los imputados y solicitaron la imposición de medidas de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El caso también involucra a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
El fiscal Andrés Mena, de la Dirección de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, luego de concluida la audiencia, dijo que a todos los imputados les fueron impuestas medidas de coerción.
“El Ministerio Público ha hecho una labor de cara a la actividad de la persecución penal estratégica en consonancia con los lineamientos de la procuradora general de la República, por lo tanto, reconoce que es un caso importante y manda un mensaje a las entidades que se están dedicando a esa actividad ilícita”, dijo Mena con relación a la persecución de esos hechos.
Mena representó al Ministerio Público en la audiencia junto procurador fiscal Natiaski Marmolejos, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico, Porte y Tenencia Ilegal de Armas.