ESPACIOSANIDAD.- Los casos de Ana Josefa García Cuello y Jean Andrés Pumarol han reactivado cuestionamientos sobre si factores como el estratato social influyen en cómo la justicia dominicana aplica la inimputabilidad en crímenes vinculados a trastornos mentales.
Para expertos en salud mental y juristas, estos decisiones deben revisarse porque el mensaje que envían es que se juzga dependiendo los recursos económicos de los imputados.
El caso de Ana Josefa García Cuello, acusada de decapitar a su hija y actualmente en juicio de fondo, contrasta con el de Jean Andrés Pumarol, (acusado de matar a puñaldas a su vecina de 70 años, Ivonne Handal Abugabir, en Naco,) quien fue declarado inimputable tras determinarse que no tenía control sobre sus actos, mientras la defensa de García Cuello insiste en que también padece un trastorno psicótico.
Para el abogado, Amadeo Peralta, que Jean Andres Pumarol haya sido declarado inimputable, a pesar de existir un informe oficial forense que lo califica hábil para enfrentar el proceso penal, se debe precisamente a los recursos y las influencias que tienen el tipo de abogado que la familia puede pagar.
La inimputabilidad implica que una persona no puede ser penalmente responsable si, al momento del crimen, no comprendía la ilicitud de sus actos o no podía actuar conforme a esa comprensión.
Sin embargo, juristas como Bunell Ramirez advierten que la aplicación de esta figura no siempre resulta uniforme.
Desde el ámbito clínico, especialistas señalan que existen trastornos, como los episodios psicóticos, en los que la persona puede perder completamente el juicio de la realidad, lo que dificulta establecer una intención criminal consciente, sin embargo, dado el contraste entre el caso Pumarol y Josefa García, la psicológa Maria Grullon, observa que el tribunal no se acogió a este principio clínico, posición parecida fija la psiquiatra, Francis Baez.